La concejal paceña Carola Antezana ratificó la elaboración de una demanda penal contra el alcalde César Dockweiler, aduciendo presunta injerencia e impago de salarios legislativos. En paralelo, el ejecutivo municipal despliega el plan gratuito de control contra el abuso tarifario en el transporte urbano.
La polarización política al interior del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz se intensifica tras las determinaciones legales asumidas por la bancada de Alianza Social Patriótica (ASP). La concejal Carola Antezana formalizará una demanda penal en contra del alcalde, César Dockweiler, alegando el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Según la concejal, el Ejecutivo obstruyó el desembolso presupuestario correspondiente a los haberes mensuales de los legisladores ediles, utilizándolo como una herramienta de coerción política.
Antezana arguyó que el alcalde Dockweiler interfiere en la autonomía legislativa al desconocer la conformación de la directiva interna bajo el pretexto de vacíos reglamentarios, buscando con ello el control del Concejo Municipal para debilitar las labores de fiscalización. Desde la contraparte, se sostiene que no se han cumplido los requisitos legales pertinentes para establecer formalmente comisiones o cargos de presidencia, justificando la postergación administrativa de transferencias en tanto no se deba subsanar el conflicto normativo.
En un flanco marcadamente institucional y de servicio público, el Ejecutivo local anunció la habilitación de la línea telefónica gratuita 155, opción 6, orientada a contrarrestar la proliferación del denominado ‘trameaje’ y las conductas de maltrato registradas en el transporte pesado y de pasajeros de La Paz. Esta herramienta, coordinada con la Secretaría Municipal de Ciudad Conectada, viabilizará la recepción sistemática de denuncias ciudadanas mediante el registro de placas vehiculares e itinerarios de líneas.
