Tras más de 50 días de conflicto, el Trópico de Cochabamba y Yapacaní levantaron los bloqueos. El Gobierno califica la medida como una derrota política para sus organizadores, mientras el país inicia un lento proceso de reactivación económica y restablecimiento del suministro de combustibles.
Bolivia amaneció este martes con sus principales carreteras expeditas, marcando el fin de un periodo de más de 50 días de bloqueos que paralizaron la economía nacional. La decisión de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba de declarar un cuarto intermedio, sumada a la firma de un acuerdo en Yapacaní, permitió el cese de medidas de presión que habían aislado regiones enteras y provocado desabastecimiento de alimentos y combustibles.
El Gobierno nacional sostuvo que la aplicación del Estado de Excepción fue determinante para recuperar el orden público. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, calificó la tregua como un «testimonio de la derrota» para el expresidente Evo Morales y los sectores movilizados, asegurando que fueron aislados por la propia ciudadanía. Mientras la infraestructura vial comienza a ser limpiada, el Ministerio de Hidrocarburos confirmó la llegada de 6 millones de litros de gasolina a la planta de Senkata para normalizar el suministro en La Paz tras semanas de largas filas en surtidores.
El impacto económico del conflicto, sin embargo, será duradero. Legisladores y empresarios advierten que la crisis en las cadenas de producción y la seguridad alimentaria tardarán meses en sanar. Sectores como el transporte pesado han anunciado que formalizarán acciones legales para exigir resarcimientos por los daños millonarios sufridos, cuestionando la impunidad de quienes lideraron las rutas.
Simultáneamente, la Fiscalía avanza en investigaciones de gran escala, incluyendo el caso «El Sillar», donde se indaga a 26 exfuncionarios por presuntas irregularidades, y procesos contra líderes de la protesta por sus acciones durante el conflicto. En este contexto, la interpelación a la ministra de Salud se mantiene en agenda parlamentaria, mientras el país intenta retomar su normalidad institucional bajo una tensa vigilancia, con el llamado del Ejecutivo a la reactivación del aparato productivo nacional.
