Tras 53 días de bloqueos que paralizaron la economía y causaron 16 fallecidos, el Gobierno de Rodrigo Paz despliega un estado de excepción para despejar rutas. Organizaciones como Túpac Katari se distancian de las protestas, mientras el Ejecutivo anuncia acciones penales contra Evo Morales y busca respaldo diplomático internacional ante la crisis institucional.
Bolivia atraviesa una etapa crítica bajo un estado de excepción de 90 días, implementado para frenar bloqueos que han dejado pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares y un saldo de al menos 16 fallecidos. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ha sido enfático al señalar que el Estado boliviano no tolerará más medidas de presión que busquen la desestabilización, anunciando el inicio de procesos penales contra el expresidente Evo Morales, a quien vincula con un plan conspirativo desde el Trópico de Cochabamba.
La respuesta del Estado se ha trasladado al plano diplomático, con Bolivia exponiendo su situación ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). El secretario general, Albert Ramdin, condenó enfáticamente las interrupciones viales, calificándolas de inhumanas y delictivas, al tiempo que ratificó su respaldo al orden constitucional. En el horizonte próximo, el país será sede de un foro de alto nivel sobre la democracia, contando con la participación de delegados de EE. UU., Argentina y Chile, buscando blindar la institucionalidad.
En el plano social, la fractura de las dirigencias parece acentuarse. Organizaciones campesinas como la Federación Túpac Katari y las Bartolinas de La Paz han marcado distancia de la COB y la Csutcb, denunciando negociaciones a puertas cerradas que no representaron los intereses de sus bases. Mientras tanto, el sector privado y el transporte pesado enfrentan una crisis severa, con multas que ascienden a 150 millones de dólares por contenedores paralizados en puertos y carreteras, presionando al Gobierno para agilizar la logística comercial.
A pesar de la desescalada en varios departamentos, la tensión permanece concentrada en el Trópico de Cochabamba, donde el Gobierno coordina operativos de despeje junto a la Policía y Fuerzas Armadas. La Embajada de Estados Unidos, por su parte, ha emitido una alerta de seguridad instando a sus ciudadanos a mantener la precaución extrema, evitar viajes interdepartamentales y asegurar suministros, evidenciando que la normalización del país aún es un proceso en desarrollo.
