La concejal Carola Antezana anunció una demanda penal contra el alcalde de La Paz, César Dockweiler, por la falta de pago de salarios a legisladores municipales y presunta injerencia. Entretanto, el Ejecutivo municipal habilitó una línea gratuita para denunciar cobros irregulares y maltratos en el transporte público.
Una profunda división institucional afecta la gestión municipal en la sede de gobierno de Bolivia. El conflicto cobró relevancia pública tras las denuncias planteadas contra el alcalde César Dockweiler y las determinaciones asumidas en diversas esferas técnicas de la municipalidad.
La concejal Carola Antezana, representante de Alianza Social Patriótica, anunció de forma pública el inicio de un proceso en la vía penal contra el alcalde Dockweiler. El motivo principal radica en la retención presuntamente arbitraria del pago de salarios que afecta de forma directa al pleno de concejales de la ciudad de La Paz, en tanto que sí se procesaron las remuneraciones del personal administrativo.
Antezana calificó las acciones del Ejecutivo edil de injerencia política contra un órgano estatal totalmente autónomo. La legisladora sustentará su denuncia en pruebas que evidenciarían al alcalde rehusando reconocer a las actuales autoridades de directiva del Concejo Municipal. Por su parte, el burgomaestre ya había señalado previamente que no se han cumplido con los requerimientos necesarios que determinan la conformación de la directiva.
En un plano operativo, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz implementó canales de asistencia social para beneficio directo de los habitantes de la urbe paceña. Con el fin de erradicar los desvíos tarifarios y malos tratos por los gremios de transportistas, se habilitó de manera oficial el número telefónico gratuito 155, opción 6. A través de este canal, la población paceña podrá denunciar de forma anónima todo tipo de abuso cometido en la vía urbana.
