El Ministerio de Gobierno y la Dirección de Migración de Bolivia justificaron el rechazo del ingreso al territorio nacional de delegaciones extranjeras específicas, aduciendo anomalías y transgresiones jurídicas de los protocolos y requisitos documentales administrativos correspondientes.
El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia defendió de manera categórica las determinaciones restrictivas ejecutadas por inspectores de fronteras de la Dirección General de Migración (Digemig). A través de un pronunciamiento emitido en coordinación con el Ministerio de Gobierno, el Ejecutivo desestimó que los impedimentos impuestos al ingreso de ciudadanos de otros países hayan correspondido a consignas geopolíticas o sesgos de orientación de pensamiento ideológico, reivindicando que las decisiones obedecen al fiel cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional.
El reporte oficial de control aduanero y de fronteras detalló de manera fáctica que se constató transgresiones administrativas y la omisión formal de los protocolos y visados exigidos para la libre internación dentro de los límites patrios. Asimismo, los peritos fronterizos señalaron severas inconsistencias entre los propósitos iniciales de viaje expuestos bajo formato de turismo y el desarrollo anticipado de actividades políticas de carácter público programadas con antelación en territorio nacional.
La administración estatal recalcó de manera pública a las organizaciones civiles y asambleístas legislativos promotores de encuentros de delegaciones externas que la expedición o entrega de notas de invitación académica o institucional boliviana no exime en lo absoluto a los ciudadanos extranjeros de cursar y formalizar la regular obtención del estatus de permanencia ante las oficinas oficiales de migración nacional.
