Tras 46 días de bloqueos, el gobierno de Rodrigo Paz reporta una disminución en los puntos de corte, aunque la economía sufre daños estructurales. Mientras las FFAA juran lealtad a la Constitución ante intentos de desestabilización, el sector turístico y productivo advierte sobre un colapso irreversible. Analistas señalan una estrategia de violencia sistemática para forzar una salida anticipada.
Bolivia atraviesa una de las crisis sociopolíticas más prolongadas de su historia democrática. A 46 días del inicio de las movilizaciones, el presidente Rodrigo Paz ha reportado una ligera distensión en los bloqueos tras jornadas de diálogo, pasando de 86 a 68 puntos de interrupción en cinco departamentos. Pese al optimismo moderado del Gobierno, el panorama económico nacional se encuentra seriamente comprometido.
Especialistas en resolución de conflictos advierten que los bloqueos actuales replican dinámicas de violencia observadas en años anteriores. Se señala directamente a operadores afines al expresidente Evo Morales como los articuladores de una estrategia de presión centrada en cercos, tomas de instituciones y ataques, con el objetivo de forzar una ruptura constitucional. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, ha sido categórico durante un acto de imposición de grados militares: demandó lealtad absoluta a la Constitución y advirtió que ninguna demanda sectorial puede vulnerar la institucionalidad democrática.
El impacto en la economía real es profundo. El sector turístico ha calificado la situación como un golpe mortal, informando que operadoras internacionales han excluido a Bolivia de sus planes para 2027 debido a la incertidumbre. Asimismo, los sectores agropecuarios advierten que los daños, marcados por el desabastecimiento de combustibles y la ruptura de cadenas productivas, podrían superar el impacto de la crisis sanitaria de años pasados.
Aunque el Gobierno insiste en que las caravanas de suministros están aliviando la escasez en La Paz y El Alto, el descontento social y la paralización económica plantean un desafío existencial para la administración de Paz. Mientras sectores radicales exigen la renuncia del mandatario, la ciudadanía observa con preocupación cómo la disputa política continúa drenando las reservas y la estabilidad del país.
