Bolivia transcurre el día 46 de bloqueos nacionales indefinidos que paralizan 50 rutas de tránsito interdepartamental de suministros. Frente al desabastecimiento severo, brigadas humanitarias de emergencia auxilian a transportistas varados, se desata un debate diplomático por el asilo a observadores argentinos y anuncian airlifts de alimentos.
El Estado Plurinacional de Bolivia enfrenta la peor crisis de transitabilidad y asfixia comercial registrada en los últimos años, acumulando 46 días continuos de conflictos sociales y bloqueos generalizados comandados principalmente por la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones campesinas y sectores afines al expresidente Evo Morales. El asedio total de las principales vías interdepartamentales se traduce en cerca de 50 puntos activos de bloqueo, de los cuales 20 aíslan al departamento de La Paz del flujo productivo restante del oriente.
La gravedad humanitaria de los transportistas retenidos en carreteras causó la movilización de delegaciones de ayuda de emergencia. Una caravana compuesta pacíficamente por la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja Boliviana y el ente Cáritas Bolivia partió desde la sede de gobierno con banderas blancas para distribuir kits de asistencia alimentaria, vituallas y abrigo a más de 500 conductores atrapados en condiciones de intemperie y desnutrición aguda en la vía de alta frontera Oruro-Tambo Quemado. Mientras tanto, en Aiquile, pobladores rurales firmaron una tregua provisoria de 72 horas para oxigenar los mercados alimenticios.
En las urbes metropolitanas de La Paz y El Alto, se registran desoladoras colas kilométricas de carburantes en las estaciones de servicio, al tiempo que el gobierno activó un puente de transporte aéreo de carne gracias a coordinaciones de subvenciones energéticas con las delegaciones e instaló fletes logísticos mediante aeronaves de rescate facilitadas por la República de Chile para distribuir pollo de Emapa al módico costo tasado de 18 bolivianos el kilo.
La arena partidista nacional se enconó de igual manera tras la llegada al aeropuerto de El Alto de una autodenominada comitiva argentina integrada por activistas internacionales de izquierda que claman por investigar supuestos abusos a los derechos fundamentales. Diplomatas del país, tales como el exembajador ante la OEA Jaime Aparicio, demandaron el inmediato arresto y deportación administrativa de la comitiva extranjera, tipificándolos de indeseables con motivos de injerencia en la soberanía. En paralelo, Luis Fernando Camacho respondió de forma rotunda a análisis sociológicos de Álvaro García Linera, enfatizando que el atraso del país reside en delincuentes que instrumentalizan abusivamente las identidades originarias campesinas para asaltar el poder estatal.
El plano de la seguridad se tornó lúgubre en el norte integrado de Santa Cruz. Sectores gremiales de Yapacaní impusieron un ultimátum definitivo de 72 horas al ministro de Gobierno tras concretarse el rapto agravado y posterior asesinato a ráfagas de fusiles del agricultor Edgar Peñaloza. La crisis ha obligado inclusive a la Iglesia Católica y a comunidades de Guaqui a posponer de manera triste e histórica la realización de la emblemática Festividad Folclórica del Tata Santiago programada para julio, paralizando el ingreso económico regional.
