Más de 350.000 haitianos pierden su Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos, dando paso a operativos de deportación masiva. La medida, que iniciará en Ohio, amenaza con separar a miles de familias y desestabilizar sectores económicos clave, mientras activistas advierten sobre la grave crisis de seguridad que persiste en Haití.
Más de 350.000 ciudadanos haitianos residentes en Estados Unidos han perdido este lunes su Estatus de Protección Temporal (TPS), tras una serie de fallos judiciales que avalaron la revocación de este beneficio migratorio. La Administración estadounidense ha comenzado a preparar operativos de deportación masiva, los cuales, según reportes legislativos, iniciarían en el estado de Ohio.
La tensión se concentra en Ohio, donde el congresista republicano Michael Rulli confirmó planes para iniciar la remoción de la comunidad haitiana local. Este despliegue responde a una retórica política intensificada durante la reciente campaña electoral, que ha puesto a este grupo demográfico en el centro de un intenso debate sobre seguridad fronteriza y políticas migratorias.
El impacto económico y social de esta medida se prevé profundo, especialmente en Florida, estado que alberga a cerca de 158.000 de los afectados. Organizaciones civiles advierten que la deportación masiva podría desestabilizar sectores críticos como la salud y la hotelería, donde los trabajadores haitianos aportan anualmente cerca de 5.900 millones de dólares a la economía nacional.
Más allá de las cifras económicas, la crisis tiene un componente humanitario alarmante, pues se estima que unos 50.000 niños nacidos en Estados Unidos podrían quedar separados de sus padres. Voces demócratas han calificado la situación como inaceptable, denunciando que el Departamento de Seguridad Nacional planea detenciones diarias a gran escala para ejecutar las expulsiones hacia Haití.
El Gobierno estadounidense justifica la medida argumentando una supuesta mejora en las condiciones ambientales del país caribeño desde el terremoto de 2010. Sin embargo, activistas internacionales rechazan esta postura, señalando que Haití atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes, marcada por la ausencia de un mandatario electo y niveles de violencia extrema que persisten tras el magnicidio de 2021.
