La crisis social en Bolivia alcanza un punto insostenible tras 47 días de parálisis. Con más de 52 puntos de bloqueo activos y pérdidas mayores a los 2.760 millones de dólares, el desabastecimiento de alimentos y combustibles golpea la subsistencia de miles de ciudadanos, ensanchando la fractura política estatal.
Bolivia transita por un prolongado periodo de parálisis económica y conflictividad que amenaza con decantar en una inminente emergencia humanitaria compleja. Según el último reporte geográfico satelital de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), las rutas troncales se encuentran asediadas por 52 puntos de bloqueo indefinidos concentrados principalmente en los ejes valles y altiplano de La Paz, Cochabamba y Oruro. Las agrupaciones campesinas leales al expresidente Evo Morales encorvan el pliego de demandas insistiendo únicamente en la dimisión de la actual cúpula gubernamental del primer mandatario, Rodrigo Paz.
La afectación al sector empresarial y de consumo urbano asciende a un acumulado alarmante. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) cuantificó el perjuicio productivo por encima de los 2.760 millones de dólares, equivalentes a casi el 5.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) interanual. Ante la dramática escasez de carne de pollo en La Paz y El Alto, el Gobierno nacional, mediante Emapa y gracias a convenios de asistencia con embajadas de la región, implementó un asombroso puente aéreo operado por aeronaves Hércules militares de Chile y la Argentina a fin de distribuir la carne a un precio social y paliar los sobreprecios de la canasta comercial básica.
En las carreteras obstruidas, más de 5.000 camiones de alto tonelaje permanecen retenidos desde inicios de mayo en regiones gélidas de alta montaña como Sayari. Cientos de choferes sobreviven sin acceso a redes de agua, expuestos a temperaturas de congelamiento e incomunicados de sus familias, siendo socorridos exclusivamente por cruzadas vecinales y comités cívicos solidarios. Entretanto, la capital oriental enfrenta la inactividad de más de 500 grandes camiones cisterneros apostados a las puertas de la refinería de Palmasola debido a estrictos procesos temporales de fiscalización de carburantes que dilatan la provisión regular del diésel importado.
Por el flanco geopolítico la tensión escaló drásticamente en el Aeropuerto de El Alto. Las fuerzas migratorias policiales negaron el ingreso y expulsaron a una comitiva de casi 15 activistas y diputados kirchneristas del Partido Obrero argentino, quienes arribaron con la declarada intención de constituir una misión de observación humanitaria. La comitivia, rechazada por pasajeros locales al grito de ‘fuera bloqueadores’, fue deportada bajo la anuencia expresa diplomática del Ejecutivo de Javier Milei, que defendió el ejercicio irrestricto de soberanía de los controles bolivianos y el combate conjunto al crimen fronterizo. En el frente parlamentario boliviano, el senador Branko Marinkovic ratificó el procesamiento ante la Fiscalía General de un juicio de responsabilidades contra el expresidente Morales por malversación sistemática de fondos en la extinta UPRE.
