Una orden judicial que dispone el desalojo de predios avasallados en Las Londras y Santa Rita desata un nuevo conflicto en Santa Cruz. Organizaciones interculturales rechazan la medida y advierten que no abandonarán las tierras, mientras propietarios exigen la ejecución de la ley contra los asentamientos.
La justicia boliviana ha emitido resoluciones de desalojo contra ocupantes de predios en la provincia Guarayos, Santa Cruz, incluyendo las zonas de Las Londras y Santa Rita. La medida, largamente esperada por los propietarios que denuncian avasallamientos sistemáticos, ha elevado la temperatura social en el norte cruceño, donde el conflicto por la tenencia de tierras se ha convertido en un tema de alta sensibilidad política.
Representantes de los propietarios sostienen que existen las garantías legales para que la Policía intervenga, indicando que el área total afectada podría superar las 21.000 hectáreas en las primeras resoluciones. Por su parte, la Central Pailita Las Londras, vinculada a sectores interculturales, ha catalogado el fallo como un ataque a familias campesinas y ha anunciado una resistencia activa para evitar el desahucio. En sus pronunciamientos, la organización ha denunciado que el fallo favorece intereses de empresarios extranjeros, ignorando la presencia de mujeres y niños en los asentamientos.
La situación se complica por acusaciones cruzadas. Mientras los propietarios hablan de grupos armados que restringen el tránsito, los interculturales han aclarado que no forman parte del avasallamiento de Santa Rita, aunque mantienen una postura de combate institucional. Las autoridades departamentales, como María René Álvarez, han solicitado una intervención contundente del Estado para frenar lo que denominan operaciones de grupos irregulares, marcando una clara división sobre quién tiene legitimidad en el uso de estas tierras productivas.
