Un informe de la Red UNITAS revela que las vulneraciones a libertades fundamentales en Bolivia migraron al entorno digital en 2025. Con 619 casos registrados, el Estado figura como el principal agresor. La libertad de prensa y expresión sufren un deterioro crítico debido a la guerra sucia electoral y la falta de protección institucional.
El año 2025 marcó un punto de inflexión para los derechos fundamentales en Bolivia, donde la conflictividad política trasladó su epicentro de las calles al entorno digital. Según el reciente informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Red UNITAS, se registraron 619 casos de vulneraciones, consolidando a las redes sociales como el principal escenario de confrontación, estigmatización y desinformación.
Aunque las afectaciones directas a la institucionalidad democrática mostraron un ligero descenso respecto a 2024, el panorama general revela una preocupante mutación en la naturaleza de los ataques. Las vulneraciones a la libertad de expresión se dispararon en un 35,3%, mientras que los ataques al entorno digital crecieron un 42,5%, afectando gravemente el debate público y la seguridad de quienes ejercen el periodismo.
El Estado, a través del Ejecutivo, la Policía y el Órgano Judicial, fue identificado como el principal actor responsable de estas transgresiones. Expertos señalan que la falta de mecanismos de protección eficaces y la inacción estatal han dejado a periodistas y defensores de derechos humanos en una situación de alta vulnerabilidad, agravada por la precariedad laboral y políticas que estigmatizan la labor informativa.
La violencia digital ha golpeado con especial dureza a las mujeres periodistas, quienes enfrentan ataques misóginos y campañas de desprestigio coordinadas. Este fenómeno no solo busca silenciar voces críticas, sino que también erosiona la calidad democrática del país al debilitar la independencia de los poderes y la capacidad de la ciudadanía para acceder a información veraz.
Finalmente, el informe advierte que la separación de poderes sigue siendo una asignatura pendiente para garantizar la estabilidad institucional. La justicia selectiva y la criminalización de defensores de derechos humanos son síntomas de un sistema que requiere reformas urgentes para restaurar la autonomía de sus instituciones y proteger las libertades fundamentales frente a la hostilidad sostenida de diversos actores políticos.
