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Bolivia: Alerta por crisis de incendios forestales

julio 27, 2026
en Sociedad
Tiempo de lectura:2 mins
Mapa de calor satelital sobre un bosque boliviano con humo denso y personal de emergencia en primer plano.

Ilustración editorial: Un equipo de bomberos voluntarios observa el avance de focos de calor en una zona boscosa de Bolivia.

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Bolivia enfrenta una crisis ambiental tras registrar 2.835 focos de calor, superando el pico de 2025. La Defensoría del Pueblo advierte que la falta de prevención y las deficiencias estructurales en la respuesta estatal vulneran derechos fundamentales, instando a las autoridades a tomar medidas urgentes ante la inminente temporada de incendios.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia ha emitido una alerta crítica ante el alarmante incremento de focos de calor en el territorio nacional. Hasta el 21 de julio de 2026, el país registró 2.835 puntos de fuego, una cifra que ya supera el pico máximo alcanzado durante todo el año 2025, cuando se contabilizaron 2.536 focos. Este escenario anticipa una temporada de incendios forestales de alta peligrosidad.

El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, advirtió que los esfuerzos institucionales para mitigar esta problemática son insuficientes. A pesar de la existencia de la Resolución Constitucional 233/2024, orientada a la prevención de desastres ambientales, el avance en la implementación de medidas concretas apenas alcanza un 6%. Sectores críticos como la restauración de suelos, la atención en salud y el control institucional presentan niveles de cumplimiento aún más precarios.

La crisis se agrava por deficiencias estructurales en la capacidad de respuesta del Estado boliviano. La activación tardía de los comités de emergencia, sumada a la falta de logística y equipamiento adecuado para los bomberos voluntarios, dificulta las labores de contención. Asimismo, la persistente escasez de procesos de investigación y sanción contra las quemas ilegales permite que el problema se perpetúe año tras año.

La Defensoría enfatizó que los incendios forestales han dejado de ser un fenómeno coyuntural para transformarse en una crisis estructural. Esta situación vulnera derechos fundamentales de la población, incluyendo el acceso a la salud, la vida y un medio ambiente sano. Ante este panorama, la institución instó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a ejecutar acciones inmediatas y efectivas para proteger las áreas en riesgo.

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