Un fallo judicial histórico ordena al Ministerio de Salud regularizar los pagos para hemodiálisis, beneficiando a 6.000 pacientes renales en Bolivia. La resolución pone fin a semanas de protestas y vigilias en Santa Cruz, donde la falta de recursos del Estado ponía en riesgo la vida de los enfermos inscritos en el Seguro Universal de Salud.
La justicia boliviana ha emitido un fallo histórico a favor de los pacientes renales, ordenando al Ministerio de Salud garantizar la continuidad de los tratamientos de hemodiálisis a nivel nacional. La resolución surge tras una acción de libertad interpuesta por el Comité pro Santa Cruz, que buscaba proteger la vida de miles de ciudadanos cuyos procedimientos estaban en riesgo por la falta de pagos estatales.
Durante semanas, los pacientes y sus familias mantuvieron una vigilia permanente en las instalaciones de la Brigada Parlamentaria Cruceña. Las denuncias señalaban que el Estado no había cancelado los servicios a las entidades privadas desde diciembre de 2025, dejando a cerca de 6.000 pacientes en todo el país en una situación de extrema vulnerabilidad.
El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, destacó que el fallo no responde a intereses políticos, sino a la urgencia de preservar la salud pública. Según los datos presentados en la audiencia, aproximadamente 2.000 pacientes solo en Santa Cruz enfrentaban un deterioro progresivo de su salud debido a la interrupción de sus sesiones de diálisis bajo el Seguro Universal de Salud.
El tribunal de garantías ha exigido al Ministerio de Salud el cumplimiento inmediato de los pagos adeudados para restablecer la atención médica integral. Esta decisión judicial obliga a las autoridades gubernamentales a regularizar los desembolsos pendientes que han afectado la operatividad de los centros de diálisis durante el presente año.
Los representantes de los pacientes renales recibieron la noticia con alivio, calificando las gestiones cívicas como un soporte vital en su lucha por la supervivencia. Ahora, la expectativa se centra en la celeridad con la que el Ejecutivo ejecutará la orden judicial para evitar que el sistema de salud colapse nuevamente.
