La Cámara de Diputados aprobó el informe sobre la gasolina desestabilizada, concluyendo que no fue un hecho fortuito. El documento señala fallas técnicas y administrativas en YPFB y la ANH, involucrando a exautoridades y funcionarios actuales. El caso pasa ahora al Ministerio Público y la Contraloría para determinar responsabilidades penales y administrativas.
La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó el informe final de la Comisión Especial que investigó el caso de la denominada gasolina basura. El documento concluye que la internación y comercialización de combustible desestabilizado en el país no fue un evento fortuito, sino el resultado de una cadena de decisiones políticas, omisiones administrativas y graves deficiencias técnicas.
La investigación señala una ausencia total de controles de calidad efectivos en los eslabones críticos de la cadena de suministro. Según el informe, tanto Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) fallaron en sus mecanismos de verificación, permitiendo que el producto llegara a los consumidores finales sin las garantías técnicas necesarias.
El alcance de las observaciones abarca a diversas autoridades de gestiones pasadas y actuales del sector hidrocarburos. Entre los nombres mencionados figuran exministros, expresidentes de la estatal petrolera y exdirectores de la ANH, quienes deberán enfrentar el escrutinio de las autoridades competentes. La comisión enfatizó que las investigaciones deben profundizarse para determinar si existieron acciones u omisiones deliberadas.
Ante este escenario, el pleno legislativo determinó remitir todos los antecedentes a la Contraloría General del Estado y al Ministerio Público. Estas instancias serán las encargadas de llevar adelante las investigaciones administrativas y penales correspondientes, con el objetivo de establecer responsabilidades individuales por las irregularidades detectadas en la gestión del combustible.
La aprobación del informe marca el cierre de la etapa de investigación parlamentaria, trasladando la presión hacia el sistema judicial y de control estatal. Se espera que estas instituciones actúen con celeridad para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables de una crisis que ha afectado la calidad del suministro energético nacional.
