En un movimiento sin precedentes, el gobierno cubano aprobó 176 medidas para descentralizar su economía. El plan busca mitigar el impacto de la crisis interna y las restricciones impuestas por Estados Unidos, apostando por la apertura al sector privado y la inversión extranjera.
Cuba ha dado un giro inesperado en su gestión económica al aprobar, en apenas una semana, el paquete de reformas más ambicioso de los últimos 15 años. El presidente Miguel Díaz-Canel, respaldado por el Comité Central del Partido Comunista y la Asamblea Nacional, presentó un plan de 176 medidas diseñadas para transformar un sistema históricamente estatista y centralizado ante la presión de una crisis interna agravada por las sanciones de Washington.
El conjunto de reformas abarca desde la apertura del sector turístico a nuevos actores y modalidades, hasta el fomento de la inversión extranjera directa, con especial énfasis en incentivos para cubanos no residentes. El gobierno busca urgentemente dinamizar la agricultura y el comercio exterior, además de otorgar mayor autonomía a las empresas estatales y los municipios. Asimismo, se plantea una reestructuración del sistema monetario y tributario, buscando eliminar distorsiones cambiarias y modificar el modelo de subsidios universales hacia uno focalizado en colectivos vulnerables.
Aunque el primer ministro, Manuel Marrero, insistió en que estas medidas no pervierten el carácter socialista del Estado sino que son fundamentales para su preservación, los analistas observan con cautela el posible impacto. Algunos comparan el movimiento con las transformaciones chinas o vietnamitas, mientras otros alertan sobre una posible inclinación hacia un modelo económico ruso. La administración de Díaz-Canel ha formado ya un comité de expertos para diseñar una segunda etapa de ajustes.
Esta apertura ocurre en un contexto de deterioro social acelerado, marcado por desabastecimiento, apagones eléctricos constantes y una fuerte presión económica externa. A pesar del bloqueo petrolero impuesto por la administración Trump, Díaz-Canel enfatizó que estas reformas son un ejercicio soberano y no una reacción a las presiones de Estados Unidos, reiterando su disposición a dialogar para establecer una relación civilizada entre ambas naciones.
