La Asamblea Legislativa de Oruro abrogó las leyes que financiaban las fases 2 y 3 del ‘Parque de los Sueños’. La decisión, justificada por vicios legales y déficit presupuestario, busca redireccionar más de 50 millones de bolivianos a servicios básicos. La medida ha provocado el rechazo de vecinos del Distrito 4, quienes preparan movilizaciones en defensa del proyecto.
La Asamblea Legislativa Departamental de Oruro (ALDO) oficializó la cancelación definitiva del proyecto conocido como el Parque de los Sueños. Mediante la abrogación de las leyes departamentales 263 y 283, el ente legislativo dejó sin efecto las fases dos y tres de esta obra, cumpliendo así con una de las promesas de campaña del gobernador Edgar Sánchez.
La decisión fue respaldada por un análisis técnico, jurídico y financiero que detectó vicios de inconstitucionalidad, principalmente por una invasión de competencias municipales. Según las autoridades, el proyecto presentaba un déficit presupuestario insostenible, por lo que se determinó que los recursos, que superan los 50 millones de bolivianos, sean redireccionados a necesidades básicas como agua potable, alcantarillado y desarrollo vial.
El presidente de la ALDO, Eugenio Huaricallo, defendió la medida argumentando que la institución actuó con responsabilidad técnica e institucional. Huaricallo enfatizó que la decisión no responde a presiones externas, sino a la necesidad de gestionar los fondos públicos con criterios de eficiencia y legalidad, evitando comprometer la estabilidad financiera del departamento.
Sin embargo, la determinación ha generado un fuerte rechazo en las organizaciones sociales del Distrito 4. Los dirigentes vecinales, encabezados por Víctor Escobar, denunciaron que la medida priva a la niñez orureña de un espacio recreativo esencial y criticaron la falta de consulta popular previa a la anulación de las leyes.
Ante este escenario, los vecinos han anunciado movilizaciones en defensa del proyecto y de los recursos que originalmente estaban destinados a la infraestructura cultural. La abrogación legislativa no solo cierra el capítulo del parque, sino que abre un periodo de incertidumbre sobre el futuro del terreno y la infraestructura ya construida en la primera fase.
