El diputado Diego Bráñez presentó un proyecto de ley para regular la eutanasia y la muerte digna en Bolivia. La propuesta busca ofrecer una opción legal a pacientes adultos con enfermedades irreversibles, bajo estrictos controles médicos y psicológicos. La iniciativa incluye la creación de un Sistema Nacional de Cuidados Paliativos y será debatida en mesas de socialización nacional.
El debate sobre la autonomía personal y el fin de la vida ha llegado a la Asamblea Legislativa Plurinacional. El jefe de bancada de APB Súmate, Diego Bráñez, presentó formalmente un proyecto de ley destinado a regular la eutanasia y la muerte digna en Bolivia, buscando establecer un marco jurídico claro para pacientes adultos que enfrentan enfermedades irreversibles y sufrimientos insoportables.
La propuesta legislativa plantea una modificación al artículo 257 del Código Penal, específicamente en lo referente al homicidio piadoso, con el fin de eximir de responsabilidad penal a los profesionales de salud que actúen bajo los protocolos establecidos. El legislador enfatizó que la iniciativa no busca incentivar la muerte, sino ofrecer una alternativa humanitaria bajo estrictos controles médicos y legales, respetando la voluntad individual frente al dolor crónico.
Para acceder a este procedimiento, el paciente deberá ser mayor de edad y contar con diagnósticos certificados por dos médicos independientes. Asimismo, se requerirán evaluaciones psicológicas y psiquiátricas exhaustivas para garantizar que la persona posea la plena capacidad de tomar una decisión consciente y libre de coacciones externas.
El proyecto contempla la creación de un Sistema Nacional de Cuidados Paliativos, bajo la tuición del Ministerio de Salud, que supervisará las solicitudes y ofrecerá atención gratuita. Se ha estipulado un periodo de reflexión de 15 días tras la solicitud formal, durante el cual el paciente podrá desistir de su decisión en cualquier momento antes de la aplicación del fármaco.
La normativa también aborda la objeción de conciencia del personal médico, garantizando que, de existir una negativa por parte del profesional, otro facultativo asuma el caso en un plazo máximo de 48 horas. Bráñez anunció que la propuesta será socializada en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, buscando integrar diversas visiones, incluyendo la de la Iglesia Católica, antes de avanzar en las comisiones legislativas.
