Pacientes renales en Santa Cruz cumplen 37 días de vigilia exigiendo al Gobierno el pago de nueve meses de deuda a centros de diálisis. Un fallo judicial dio 72 horas para regularizar los desembolsos, mientras los pacientes advierten que el vencimiento de convenios con clínicas privadas el 31 de agosto amenaza con colapsar el tratamiento vital.
La crisis de los pacientes renales en Santa Cruz ha alcanzado un punto crítico tras 37 días de vigilia ininterrumpida en la plaza 24 de Septiembre. Un reciente fallo judicial ha otorgado un plazo perentorio de 72 horas al Ministerio de Salud para cancelar las deudas acumuladas con los centros de hemodiálisis, una medida que busca garantizar la continuidad del tratamiento vital para cientos de personas.
Marco Tórrez, representante del sector, denunció que la deuda con los centros privados se arrastra desde hace nueve meses, poniendo en riesgo la operatividad de diez clínicas en Santa Cruz y Montero. La situación se agrava ante la inminente finalización de los convenios el próximo 31 de agosto, lo que podría derivar en un colapso del sistema si las autoridades no formalizan las renovaciones contractuales a tiempo.
El dirigente advirtió que el 70% de los pacientes depende exclusivamente de estas clínicas privadas, dado que los hospitales públicos de segundo nivel presentan una infraestructura deficiente y obsoleta. Según Tórrez, las máquinas en los centros estatales han cumplido su ciclo de vida útil, provocando que los pacientes deban someterse a sesiones hasta altas horas de la madrugada ante la falta de equipos funcionales.
A pesar de la resolución judicial, los pacientes mantienen una postura escéptica y han ratificado que la vigilia continuará hasta que los pagos se hagan efectivos. Con el respaldo del Comité pro Santa Cruz, el sector exige una solución definitiva que priorice el derecho a la vida por encima de las trabas burocráticas que han dilatado el desembolso de recursos durante meses.
