Bolivia enfrenta una doble crisis: la judicialización de dirigentes evistas por bloqueos de 53 días y una emergencia sanitaria en Santa Cruz, donde pacientes renales exigen pagos adeudados al Estado. Mientras el Gobierno avanza con aprehensiones por terrorismo, 2.000 pacientes renales mantienen una vigilia ante el riesgo inminente de suspensión de sus tratamientos vitales.
Bolivia atraviesa una compleja crisis social marcada por la judicialización de conflictos políticos y una emergencia sanitaria que pone en riesgo a los sectores más vulnerables. En el ámbito político, el Ministerio Público ha intensificado las acciones legales contra dirigentes y figuras del ala evista del MAS, sumando tres aprehensiones vinculadas a los 53 días de bloqueos que paralizaron el país. El caso más reciente es el del diputado Freddy Mamani, quien fue detenido en su fuente laboral, sumándose a las capturas previas de Vicente Salazar, recluido en Chonchocoro, y David Quispe, quien cumple detención domiciliaria.
Los acusados enfrentan cargos graves, que incluyen terrorismo, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir, bajo el argumento de que las medidas de presión provocaron desabastecimiento y pérdidas millonarias. Por su parte, los implicados y sus defensas legales denuncian una persecución política sistemática, argumentando que las aprehensiones carecen de sustento probatorio directo sobre la organización de los bloqueos.
Paralelamente, la crisis se traslada al sector salud en Santa Cruz, donde pacientes renales cumplen 22 días de vigilia exigiendo el pago de deudas estatales a los centros de hemodiálisis. La situación ha alcanzado un punto crítico tras la descompensación de un manifestante, evidenciando el desgaste físico de un sector que reclama por ocho meses de pagos adeudados correspondientes a las gestiones 2024 y 2025.
La incertidumbre se apodera de cerca de 2.000 pacientes que dependen de estos tratamientos para sobrevivir, ante la amenaza latente de que los centros privados suspendan la atención por falta de recursos. Mientras los manifestantes enfrentan condiciones climáticas adversas y el abandono institucional, las autoridades nacionales y departamentales son cuestionadas por la falta de soluciones concretas que garanticen el derecho a la vida de los enfermos.
