La Defensoría del Pueblo advierte que los incendios forestales en Bolivia se han convertido en un problema estructural. Con un aumento alarmante de focos de calor desde 2023, la institución denuncia la precariedad logística, la falta de respuesta estatal y el incumplimiento de resoluciones constitucionales, exigiendo acciones urgentes para proteger los ecosistemas y los derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta crítica ante el incremento sostenido de incendios forestales en Bolivia, advirtiendo que este fenómeno ha dejado de ser estacional para transformarse en un problema estructural. Según el séptimo informe presentado por la institución, la superficie afectada y los focos de calor muestran una tendencia ascendente alarmante desde 2023, vulnerando gravemente los derechos humanos y los de la Madre Tierra.
Las cifras presentadas por el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, revelan un aumento exponencial en los focos de calor, pasando de 1.736 en 2023 a 16.494 en 2024, con una tendencia que continúa al alza en 2026. Esta situación evidencia una falla sistémica en la gestión estatal, donde la respuesta institucional sigue siendo tardía e insuficiente frente a la magnitud de la crisis ambiental.
El informe subraya una extrema precariedad logística que pone en riesgo constante a los bomberos y señala la ausencia de investigaciones efectivas para sancionar las quemas ilegales. Además, se denuncia una preocupante falta de transparencia y colaboración por parte de entidades como el Ministerio de Salud y el SERNAP, que no han reportado daños ni medidas de restauración concretas.
A pesar de la existencia de la Resolución Constitucional 233/2024, el cumplimiento de las medidas preventivas apenas alcanza un 6%. La Defensoría ha instado a los tres niveles del Estado a superar la inacción, fortalecer los comités de emergencia y dotar de recursos adecuados a las unidades de respuesta para proteger los ecosistemas bolivianos antes de que el daño sea irreversible.
