Tras 27 días de bloqueos que asfixian a La Paz y El Alto, el Gobierno de Rodrigo Paz gestiona ‘garantías operativas’ para que dirigentes con procesos judiciales asistan a una mesa de negociación. La medida busca levantar la presión social por la escasez de alimentos y combustibles, contando con el acompañamiento de organismos internacionales.
El Gobierno boliviano ha dado un paso decisivo hacia la desmovilización del conflicto social que mantiene al departamento de La Paz en un estado de desabastecimiento crítico. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, anunció la creación de condiciones especiales que aseguren la participación de los principales líderes de las movilizaciones en las mesas de diálogo, incluyendo a aquellos con mandamientos de aprehensión vigentes, con el fin de lograr acuerdos legítimos.
La crisis, que ya suma casi un mes de interrupción de vías, ha generado una severa escasez de insumos básicos y medicamentos. Ante este escenario, la administración central ha flexibilizado su postura para incluir a interlocutores válidos que posean capacidad real de levantar las medidas de presión. El ministro subrayó que el objetivo principal es la pacificación total, priorizando la democracia y el diálogo sobre la confrontación judicial en este momento de emergencia nacional.
Por su parte, el presidente Rodrigo Paz ha extendido una invitación pública a todos los sectores movilizados. La jornada de negociaciones contará con la veeduría de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos internacionales, garantizando la transparencia del proceso. Se espera que, con el inicio de estas mesas, se comiencen a habilitar de forma inmediata los pasos fronterizos y las rutas troncales hacia la sede de Gobierno.
