El reporte preliminar de la Defensoría del Pueblo hasta el 24 de mayo indica la existencia de siete fallecidos, veintitrés heridos y 321 personas arrestadas durante los recientes enfrentamientos y operaciones de desbloqueo de carreteras nacionales, generando críticas del sector transporte hacia el defensor por supuesta parcialidad.
El primer informe de carácter oficial y carácter preliminar emitido por la Defensoría del Pueblo de Bolivia reveló un saldo de siete decesos, veintitrés lesionados y 321 personas sometidas a arrestos policiales durante las movilizaciones de escala nacional transcurridas del primero al veinticuatro de mayo.
El Defensor Pedro Callisaya advirtió sobre el prolongado perjuicio humano consecuente de los duros choques en la zona de La Paz, Oruro y Cochabamba, donde contingentes militares y de las fuerzas armadas intervinieron físicamente para intentar habilitar los principales tramos camineros sitiados.
De las personas inicialmente aprehendidas por desórdenes públicos, cerca de 221 obtuvieron su liberación regular, mientras que ochenta y nueve enfrentan imputaciones judiciales directas, derivándose diez condenas penales de tres años mediante juicios rápidos abreviados y el resto bajo esquemas de detención domiciliaria o provisional.
En cuanto a las pérdidas de vidas, de acuerdo con la información institucional, cuatro correspondientes a civiles se produjeron debido a la negligencia y a la imposibilidad física de acceder de manera urgente a centros médicos por falta de paso en los piquetes, incluyendo la trágica interrupción vital de un niño de doce años cuya ambulancia de traslado fue detenida rumbo a Potosí.
Asimismo, se profundiza la recolección de pruebas periciales forenses en torno a la muerte de un joven de veinticuatro años quien falleció tras sufrir el impacto perforante de una bala convencional en la medula espinal en medio del polémico operativo gubernamental del corredor humanitario de banderas blancas, hecho que aún permanece bajo indagación detallada de la Fiscalía por existir contradicciones del Ministerio de Gobierno respecto de la posesión de armamento de fuego por parte de las fuerzas del orden participantes.
De forma alterna, representantes y dirigentes del transporte pesado nacional manifestaron descontentos severos con la gestión humanitaria de la institución defensorial, acusando un actuar aparentemente favorable para con los detenidos movilizados de tendencia radical en desmedro de los cientos de transportistas atrapados por semanas consecutivas en las carreteras sin alimentación, agua ni resguardo básico elemental.
