El Gobierno boliviano advierte que una posible aprehensión de Evo Morales, investigado por trata y tráfico, podría desencadenar violencia extrema. El vocero presidencial, José Luis Galvez, señaló que la captura es un proceso complejo que requiere cautela, mientras la Policía investiga a dos efectivos que saludaron al exmandatario en un control en el Trópico de Cochabamba.
El Gobierno boliviano ha reconocido que la ejecución de una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales representa un desafío de seguridad de alto riesgo. El vocero presidencial, José Luis Galvez, advirtió que intentar capturar al exmandatario en el Trópico de Cochabamba podría derivar en una escalada de violencia que costaría vidas humanas, subrayando la complejidad de la situación.
La investigación penal, iniciada en octubre de 2024 por la Fiscalía de Tarija por presunta trata, tráfico y estupro agravado, ha mantenido al país en un estado de tensión constante. Tras una serie de bloqueos, vigilias y un fallo judicial que anuló temporalmente la orden de captura en mayo de 2025, el estatus legal de Morales continúa siendo un foco de inestabilidad política y social.
El control territorial que ejercen los sectores afines a Morales en el Chapare ha impedido, hasta la fecha, un despliegue policial convencional para efectivizar la orden judicial. Ante las consultas sobre los plazos para ejecutar la detención, el Ejecutivo ha optado por la reserva, insistiendo en que el caso debe manejarse con extrema discreción y cautela estratégica.
La crisis se agudizó recientemente tras la difusión de un video donde dos efectivos de Umopar saludan al exmandatario en un puesto de control en Chimoré. Este incidente ha derivado en un proceso disciplinario contra los uniformados, mientras el Gobierno reafirma que Morales deberá rendir cuentas ante la justicia, al igual que cualquier ciudadano con cuentas pendientes.
