El Viceministerio de Deportes podría desaparecer para convertirse en una Dirección General bajo el Ministerio de Educación. La propuesta, que busca reducir la estructura estatal, genera preocupación en el sector deportivo por la posible pérdida de autonomía, presupuesto y capacidad técnica para gestionar el deporte competitivo y de alto rendimiento en Bolivia.
El deporte boliviano enfrenta una transformación institucional significativa. Un proyecto de decreto supremo, actualmente bajo análisis en la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), propone la eliminación del Viceministerio de Deportes para convertirlo en una Dirección General dependiente del Ministerio de Educación y Talento Humano.
Esta medida implica un cambio de cartera, trasladando la gestión deportiva desde el Ministerio de Salud hacia el ámbito educativo. Según el documento al que se tuvo acceso, la nueva Dirección General operará bajo el Viceministerio de Educación Alternativa, Especial y Desarrollo del Talento Humano, marcando una reducción en la jerarquía administrativa del sector.
Fuentes cercanas al proceso de reestructuración estatal advierten sobre las posibles consecuencias de esta degradación institucional. La principal preocupación radica en la pérdida de autonomía de funcionamiento, lo cual afectaría directamente la gestión de presupuestos, la capacidad de respuesta técnica y el apoyo logístico necesario para los atletas nacionales.
A pesar de que el proyecto detalla atribuciones específicas para el Ministerio de Educación en cuanto a la rectoría del deporte formativo y de alto rendimiento, los expertos en el área mantienen reservas. Argumentan que la nueva estructura podría limitar la agilidad administrativa requerida para atender las demandas del deporte competitivo en el país.
El documento es, por ahora, una propuesta para reformular el Decreto Supremo 4857, promulgado originalmente en enero de 2023. La comunidad deportiva nacional se mantiene en alerta ante la posibilidad de que esta centralización administrativa resulte en un menor respaldo gubernamental para sus actividades y proyectos a largo plazo.
