Un grupo de ciudadanos presentó una denuncia contra 153 personas por la intervención al Hotel Las Américas en 2009. La querella incluye más de 20 delitos y busca probar la independencia del Ministerio Público. Expertos advierten que la magnitud de la demanda podría complicar su avance judicial si no se simplifica el proceso.
Un grupo de 16 personas, junto a un centenar de ciudadanos, ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía de Santa Cruz por la intervención al Hotel Las Américas ocurrida el 16 de abril de 2009. La acción legal apunta a 153 personas, entre ellas exautoridades del gobierno de Evo Morales, bajo la acusación de haber cometido más de 20 delitos, incluyendo asesinato, torturas y resoluciones contrarias a la Constitución.
David Sejas, uno de los denunciantes, afirmó que este proceso busca poner a prueba la independencia del Ministerio Público en la actual coyuntura política. Según Sejas, el objetivo es determinar si la institución judicial continúa bajo la influencia de estructuras del pasado o si, por el contrario, está dispuesta a reivindicarse ante la sociedad boliviana mediante una investigación imparcial.
La querella sostiene que los delitos denunciados, al estar vinculados con crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles. Los demandantes argumentan que durante el periodo de gobierno del MAS, la Fiscalía fue utilizada como una herramienta de persecución política, por lo que este caso representa una oportunidad para esclarecer los hechos ocurridos hace 15 años, donde perdieron la vida Eduardo Rózsa-Flores, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer.
Sin embargo, el abogado Gary Prado, quien defendió a los acusados en el proceso original, advirtió sobre la complejidad técnica de la denuncia. Prado calificó como un despropósito procesal intentar investigar a 150 personas simultáneamente, señalando que la falta de precisión en la atribución de delitos específicos podría derivar en un rechazo por parte del Ministerio Público.
El jurista sugirió a los denunciantes simplificar la estrategia legal para evitar que el proceso se estanque o sea desestimado por errores formales. Según Prado, aunque la búsqueda de justicia es legítima, la magnitud de la demanda actual dificulta su viabilidad, recordando que el caso terrorismo original, con menos implicados, tomó más de una década en resolverse.
