Más de 25 empresas estatales bolivianas se encuentran en quiebra técnica, según el senador Abdón Porcel, quien exige su cierre. Paralelamente, el alcalde de Santa Cruz, Manuel Saavedra, urge la aprobación del presupuesto 2026 para inyectar Bs 2.200 millones a gobiernos subnacionales y evitar la paralización de proyectos regionales ante la crisis financiera.
La crisis financiera de las empresas estatales en Bolivia ha escalado a un nuevo nivel de debate político. El senador Abdón Porcel, secretario del Comité de Política Financiera, denunció que la cifra de empresas públicas en quiebra técnica supera las 25, contradiciendo el informe gubernamental que limitaba el problema a 15 entidades. Según el legislador, estas compañías presentan un endeudamiento superior a su patrimonio, lo que hace insostenible su continuidad y exige su cierre inmediato.
El análisis de Porcel señala a firmas como Quipus, Senatex, Yacana y la Azucarera San Buenaventura como ejemplos de ineficiencia que siguen drenando recursos del Estado. El senador cuestionó la persistencia en financiar estas operaciones, señalando que solo en el presente año Quipus recibió Bs 7 millones, destinados principalmente a salarios. Ante este escenario, propuso la creación de una oficina especializada de liquidación para cerrar estas empresas de manera ordenada, similar a procesos históricos como el del Lloyd Aéreo Boliviano.
Mientras el Legislativo busca respuestas sobre el destino de los fondos públicos, la presión financiera se traslada también a las regiones. El alcalde de Santa Cruz, Manuel Saavedra, ha instado a la aprobación urgente de la reformulación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026. Esta medida busca habilitar una bolsa de Bs 2.200 millones para inyectar liquidez inmediata a municipios y gobernaciones, evitando así la paralización de proyectos de infraestructura y servicios esenciales.
La falta de recursos amenaza la estabilidad de las gestiones subnacionales, que dependen de esta inyección para cerrar el año fiscal sin interrupciones. Saavedra enfatizó que estos fondos, de concretarse su aprobación, permitirían a las entidades territoriales autónomas cumplir con sus compromisos financieros vigentes. El debate en la Asamblea Legislativa se centra ahora en equilibrar la austeridad necesaria en las empresas estatales con la urgencia de recursos que demandan las regiones para su funcionamiento básico.
