El transporte pesado boliviano se declara en emergencia por la persistente escasez de diésel que afecta al sector desde mayo. Dirigentes del gremio anunciaron que, tras el levantamiento del estado de excepción, convocarán a un ampliado nacional para definir medidas de presión, denunciando además irregularidades en el uso de fondos de Vías Bolivia y el incumplimiento de normativas viales.
La crisis por el desabastecimiento de diésel en Bolivia ha alcanzado un punto crítico este 28 de julio, manteniendo al sector del transporte pesado e interdepartamental en estado de emergencia constante. Aunque las restricciones vigentes por el estado de excepción han frenado movilizaciones inmediatas, los dirigentes del gremio han confirmado que convocarán a un ampliado nacional apenas concluya esta medida para definir nuevas acciones de protesta.
El desabastecimiento, que afecta la operatividad del transporte desde mayo tras diversos bloqueos en las carreteras, ha generado una profunda tensión en el sector. Lucio Gómez, ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, subrayó que el gremio mantiene una postura de exigencia innegociable hacia el Ejecutivo para garantizar el suministro regular de carburantes y el cumplimiento de compromisos previos.
Más allá de la falta de combustible, el malestar del transporte se ha intensificado por denuncias sobre la gestión de recursos públicos. Los dirigentes cuestionan el uso de los fondos recaudados por Vías Bolivia, señalando que estos recursos, destinados originalmente a la mejora de la red vial interprovincial, estarían siendo desviados irregularmente para cubrir sueldos del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam).
Asimismo, el sector ha manifestado su rechazo ante el presunto incumplimiento de la Ley 441, que regula el control de pesos y dimensiones en la Red Vial Fundamental. Con estas denuncias sobre la mesa, el transporte pesado se mantiene a la expectativa de la coyuntura política nacional, preparando una respuesta contundente que podría paralizar las rutas del país una vez se restituyan los derechos de movilización.
