La Hidrovía Paraná-Paraguay enfrenta una crisis diplomática y logística debido al cobro unilateral de peajes por dragado. Bolivia y Paraguay lideran el rechazo a estas tasas, argumentando que vulneran el derecho a la libre navegación y afectan directamente la competitividad de las exportaciones sudamericanas hacia el Atlántico.
El conflicto por el cobro de peajes en la Hidrovía Paraná-Paraguay ha escalado a niveles críticos dentro del Mercosur. Paraguay, respaldado por la posición boliviana, ha reiterado su rechazo frontal a cualquier imposición tributaria unilateral aplicada a la navegación en este corredor fluvial estratégico. Las autoridades paraguayas sostienen que estas medidas contravienen el Acuerdo de Las Leñas y los tratados de integración regional que garantizan el libre tránsito para los países sin litoral marítimo.
La situación afecta gravemente la estructura de costos del comercio exterior regional. Por esta vía transita más del 80% de la carga paraguaya y una porción significativa del clúster exportador boliviano. La imposición de peajes por tareas de mantenimiento y dragado, sin una auditoría técnica consensuada, ha derivado en retrasos operativos y una pérdida de competitividad frente a otros bloques económicos. Los armadores fluviales exigen la creación de una mesa técnica que garantice la transparencia en los costos de inversión.
Frente al desafío del cambio climático y las sequías recurrentes, los países ribereños planean modernizar la infraestructura a través de alianzas público-privadas. Se proyecta la implementación de señalización electrónica y dragado inteligente para asegurar la navegabilidad las 24 horas del día. No obstante, la resolución del conflicto arancelario es el primer paso indispensable para robustecer este corredor que une el oriente boliviano con los mercados globales a través del océano Atlántico.
