El transporte pesado y el sector productivo boliviano enfrentan una crisis severa por la escasez de diésel. Conductores se ven obligados a comprar combustible en el extranjero a precios elevados, mientras la demanda interna, estimada en 3,5 millones de litros diarios, no es satisfecha por YPFB. Autoridades proponen alianzas público-privadas para importar combustible sin subvención.
La crisis de abastecimiento de combustibles en Bolivia ha alcanzado un punto crítico, afectando severamente al transporte pesado y al sector productivo nacional. Representantes del gremio han revelado que, ante la escasez interna, muchos conductores se ven obligados a adquirir diésel en Chile o Perú a precios que oscilan entre los 14 y 17 bolivianos por litro, una cifra significativamente superior al precio subvencionado en el mercado local.
Esta situación se agrava por la inestabilidad en el tipo de cambio del dólar y el encarecimiento del crudo a nivel internacional, factores que desincentivan la importación privada. Dirigentes del sector advierten que la falta de divisas estables impide que los empresarios puedan garantizar el suministro necesario, lo que deriva en las largas filas que actualmente colapsan las estaciones de servicio en todo el país.
En Santa Cruz, la situación es particularmente alarmante. La Asociación de Surtidores (Asosur) ha informado que los volúmenes entregados por YPFB son insuficientes para cubrir la demanda diaria, que asciende a 3,5 millones de litros tanto de gasolina como de diésel. La escasez ha paralizado maquinaria agrícola y municipal, poniendo en riesgo programas de trabajo y la capacidad productiva del departamento.
Ante la emergencia, las autoridades departamentales han propuesto alternativas urgentes, como la firma de convenios con empresas privadas internacionales para la importación directa de combustibles sin subvención. Sin embargo, esta medida requiere de un respaldo mediante Decreto Supremo por parte del Gobierno nacional para viabilizar la comercialización fuera del esquema estatal vigente.
Mientras tanto, el sector transportista exige transparencia y soluciones estructurales. La incertidumbre sobre el precio final de los combustibles, en caso de una eventual liberación de las importaciones, mantiene en vilo a los diversos sectores económicos que dependen del suministro energético para operar.
