El Gobierno presentó un proyecto de Ley de Inversiones que busca atraer capitales mediante incentivos tributarios, reducción de burocracia y mayor seguridad jurídica. La norma propone exenciones arancelarias, créditos fiscales sobre el IUE y contratos de estabilidad por hasta 10 años, además de regular las Alianzas Público-Privadas para fomentar el desarrollo económico y la industrialización.
El Gobierno boliviano ha presentado ante la Asamblea Legislativa un ambicioso proyecto de Ley de Inversiones que busca reemplazar la normativa vigente, la Ley 516, con el objetivo de atraer capitales nacionales, extranjeros y mixtos. Esta propuesta se articula sobre tres pilares fundamentales: la reducción de costos tributarios, la simplificación de trámites administrativos y el fortalecimiento de la seguridad jurídica para los inversionistas.
Uno de los ejes centrales es la creación de incentivos fiscales significativos, como la exención del IVA y del Gravamen Arancelario para la importación de bienes de capital y maquinaria nueva. Asimismo, se introduce un sistema de créditos tributarios sobre el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), que podrá alcanzar hasta un 80% dependiendo de una matriz de desempeño que evalúa variables como la generación de empleo, la industrialización y la sostenibilidad.
Para optimizar la gestión pública, el proyecto propone la creación de la Agencia Nacional de Inversiones y una Ventanilla Única con expediente digital, estableciendo plazos máximos de 30 días hábiles para los trámites. Esta medida busca eliminar la burocracia excesiva y la desconfianza institucional, permitiendo una mayor fluidez en la aprobación de proyectos productivos en todo el territorio nacional.
En cuanto a la estabilidad, se contemplan Contratos de Inversión que garantizan condiciones económicas y tributarias por hasta 10 años, además de regular las Alianzas Público-Privadas (APP) para infraestructura y servicios, excluyendo áreas estratégicas como recursos naturales y salud. Finalmente, se habilita el arbitraje para controversias bajo consentimiento expreso del Estado, buscando limitar la discrecionalidad política y ofrecer un marco de previsibilidad jurídica para el sector privado.
